Nueva normativa para activos virtuales en Argentina exige reportes mensuales

La Comisión Nacional de Valores de Argentina ha publicado en el Boletín Oficial la Resolución General 1172/2026, una medida con la que se actualiza de manera formal el régimen aplicable a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Con este nuevo marco, el organismo busca transformar profundamente la supervisión de las plataformas que operan con criptomonedas dentro del territorio nacional, estableciendo un conjunto de obligaciones más estrictas para las empresas del sector.

Esta decisión se enmarca en los esfuerzos continuos de los reguladores locales por alinear el mercado de activos digitales con los estándares internacionales de transparencia y prevención de delitos financieros. Las exigencias para operar en el país se han ido endureciendo progresivamente en los últimos años, buscando registrar de forma exhaustiva a todos los actores que facilitan la compra, venta y custodia de criptomonedas para los usuarios locales.

Para el mercado, este reordenamiento representa un punto de inflexión significativo en la relación entre las empresas de criptomonedas y el Estado. La introducción de controles más rigurosos y, en particular, de una obligación de reporte mensual que comenzará a regir a partir de noviembre, obliga a las plataformas a optimizar sus procesos internos y tecnológicos para cumplir con los plazos y formatos exigidos por la autoridad reguladora.

Dentro de la industria, las reacciones iniciales reflejan una mezcla de cautela y adaptación. Mientras que algunos actores valoran la certidumbre jurídica que otorgan las reglas claras, otros advierten sobre el incremento en los costes operativos que estas exigencias de cumplimiento normativo pueden acarrear, especialmente para las firmas de menor tamaño que operan en el ecosistema.

En los próximos meses, el foco estará puesto en la capacidad de implementación efectiva por parte de las plataformas y en cómo la Comisión Nacional de Valores fiscalizará el cumplimiento de estos nuevos reportes mensuales desde noviembre. La evolución de este registro marcará el pulso de la madurez regulatoria para el sector criptográfico en el país sudamericano.