Albuquerque prohíbe los cajeros de criptomonedas y amenaza con multas diarias de USD $500

En CoinMagnetic seguimos de cerca las decisiones regulatorias que afectan directamente la infraestructura de los activos digitales, y esta semana hemos sabido que la ciudad de Albuquerque ha puesto en vigor una ordenanza que prohíbe de forma tajante los cajeros de criptomonedas y todas las operaciones presenciales relacionadas. Bajo esta nueva normativa, los operadores de estas máquinas tienen la obligación de cesar su actividad de manera inmediata y proceder a su retirada dentro del plazo establecido por las autoridades locales, cuya fecha límite se sitúa antes del 5 de diciembre. La medida busca frenar la proliferación de estos terminales en el espacio físico municipal.

Este tipo de restricciones no surgen en el vacío, sino que forman parte de una tendencia creciente entre los gobiernos locales que buscan un control más exhaustivo sobre los canales de intercambio de efectivo por criptomonedas. Históricamente, las administraciones municipales han visto con cautela estos dispositivos debido a los desafíos normativos que presentan en materia de cumplimiento y prevención de delitos financieros. La falta de supervisión directa en las transacciones presenciales ha convertido a menudo a los cajeros automáticos de criptomonedas en el centro de atención de los reguladores que intentan cerrar brechas en el sistema financiero tradicional.

Para el mercado y para los usuarios de la zona, esta prohibición representa un cambio drástico en las opciones de acceso rápido a los activos digitales mediante dinero fiat. Aunque el volumen operado a través de cajeros físicos suele representar una fracción menor en comparación con los exchanges en línea, la pérdida de esta vía afecta a quienes dependen del efectivo para sus operaciones. Desde nuestra perspectiva en CoinMagnetic, consideramos que este movimiento en Albuquerque es un recordatorio claro de la fragilidad operativa a la que se enfrentan los servicios cripto descentralizados o presenciales cuando chocan con normativas municipales estrictas.

La reacción dentro del sector no se ha hecho esperar, con diversos actores señalando que este tipo de prohibiciones totales pueden simplemente desplazar la actividad hacia el mercado informal en lugar de erradicarla. Las autoridades locales, por su parte, han dejado claro que no habrá tolerancia con los infractores, advirtiendo que el incumplimiento de la ordenanza acarreará sanciones severas, incluyendo multas diarias de USD $500 y la posible revocación definitiva de las licencias comerciales necesarias para operar en la ciudad.

Con el plazo fijado para principios de diciembre, los operadores afectados deben decidir con rapidez si acatan la orden de retirada o si emprenden acciones legales para intentar frenar la medida en los tribunales. En CoinMagnetic continuaremos monitoreando este proceso para entender si otras ciudades adoptarán posturas similares contra la infraestructura física de las criptomonedas y cómo responderá la industria ante este nuevo cerco regulatorio local.